Castración química para violadores podría ser realidad en Colombia

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La preocupación generalizada en el país ante los recurrentes casos de violaciones a menores de edad llevó a que en el Congreso de la República se abriera la posibilidad de tramitar un proyecto de ley que plantea la castración química voluntaria para quienes hayan sido condenados por los delitos como “acceso carnal violento con menor de edad” o “acto sexual violento con menor de edad”.

De acuerdo a la iniciativa, la cual fue aprobada en primer debate del Senado de la República y su ponente es el senador huilense Rodrigo Villalba Mosquera, los condenados por estos casos podrían solicitar de manera voluntaria, con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de la libertad, la castración mediante medicamentos que inhiben el deseo sexual.

“No se puede pasar por alto la amenaza que para la sociedad generó el fallo de la Corte Constitucional, donde determinó el derecho de reducir la pena por estudio o trabajo para los condenados por abuso sexual de menores”, señaló el senador Villalba Mosquera  al momento de presentar su proyecto de castración química.

De igual forma Villalba ha asegurado que esta alternativa puede contrarrestar los efectos adversos de un fallo de la Corte Constitucional que permitiría la reducción de penas a abusadores sexuales.

“La castración química consiste en inyectar el medicamento ‘Depo-Provera’ que bloquea la producción de testosterona e inhabilita el deseo sexual para impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan”, indicó.

Según el texto del proyecto, el Estado suministraría de manera gratuita el medicamento a quienes lo soliciten (una vez cumplida la pena).

La iniciativa continuará su trámite en el Congreso después del 20 de julio. Se espera que antes que termine el año surta los tres debates restantes.

POLÉMICA PROPUESTA

Durante la discusión de la propuesta en el Congreso llegaron algunas observaciones por partes del Consejo de Política Criminal sobre la conveniencia del proyecto de ley y existencia de sustento científico sobre la aplicación de este procedimiento.

Para la primera instancia, la castración química, “como pena, puede ser considerada como una medida inconstitucional” y adicionalmente “no existe consenso sobre la efectividad de este tipo de medidas” ni “estudios de impacto en la salud mental y física de las personas sujetas a este tipo de tratamientos”.

Para el Ministerio de Salud esta sanción “puede implicar un incumplimiento de la prohibición contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”.

“Los medicamentos disponibles para la terapia antiandrógena a menudo causan efectos secundarios negativos (…). Sumado a estos desenlaces sistémicos, que pueden comprometer la salud del delincuente, estos medicamentos pueden contribuir al aumento de depresión e inestabilidad del estado de ánimo, eventos que han sido identificados como factores de riesgo potencial para reincidencia de la violencia sexual”, dice esa cartera.

 

¿Qué es la castración química?

El tratamiento médico consiste en suministrar de manera regular (mensual o diario) a un individuo, determinados medicamentos para inhibir el deseo sexual. De esta manera, las sustancia química empleada, ya sea acetato de ciproterona, acetato de medroxyprogesterona, acetato de leuprolide o algunos inhibidores selectivos del Reuptake de la Serotonina (SSRI’s); actuaría sobre la glándula hipófisis responsable de generar el deseo sexual.

Actualmente la castración química opera en Estados Unidos (Estados como California, Florida, Luisiana y otros), Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Rusia, Corea del Sur, entre otros. En América Latina, países como Argentina y Perú estudian la implementación de este tipo de medidas. El registro de violadores de menores se emplea se aplica en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

El senador huilense, Rodrigo Villalba Mosquera, es el ponente de la iniciativa.

informacion de la nacion.

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