Se desploma proceso por colapso en el estadio

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El saliente viceministro Héctor Olimpo Espinosa, dejó listo el borrador declarando la nulidad del proceso sancionatorio contra los constructores e interventores de la remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’. La medida que se pretendía anunciar hoy quedó en suspenso.

El proceso administrativo sancionatorio adelantado desde octubre de 2016 por el colapso del estadio de Neiva, está al punto de su derrumbamiento.

El saliente viceministro de Relaciones Políticas, Héctor Olimpo Espinosa, designado como alcalde ad hoc para resolver la suerte del escenario deportivo dejó lista la nulidad de todo lo actuado, acogiendo la argumentación presenrada por el consorcio constructor y la interventoría.

El funcionario proyectó la nulidad del expediente iniciado, dos meses después de la tragedia ocurrida el 16 de agosto de 2016.

Contra viento y marea, pese  a las reclamaciones de los organismos de control, incluyedo la Personería y la Procuraduría Provincial, el funcionario aspiraba a sellar con esta decisión, su paso por esa cartera, a pocos días de terminar el gobierno y ad portas de su renuncia para no inhabilitarse.

Sin embargo, no alcanzó a proferir el acto administrativo que debía noticficarse en una audiencia pública convocada para hoy a las diez de la mañana. La diligencia fue suspendida.

Acogiendo la argumentación sustentada por los abogados del consorcio constructor y de la interventoría, Espinosa Oliver, refrendó las denuncias sobre infracciones al derecho a la defensa y al debido proceso.

Según el borrador de la resolución, conocida en primicia por LA NACIÓN,  Espinosa Oliver, declaraba la nulidad del proceso administrativo sancionatorio y dejaba sin efecto todo lo actuado a partir de la citación.

En el mismo acto administrativo ordenaba el saneamiento de todas las actuaciones realizadas, para evitar eventuales nulidades.

En consecuencia ordenaba el reinició del proceso sancionatorio para determinar el incumplimiento  contractual, cuantificar los perjuicios ocasionados e imponer las sanciones o multas previstas en  la ley o contempladas en el contrato y hacer efectivas las cláusula penal y  las pólizas de garantías.


El alcalde ad hoc, Héctor Olimpo Espinosa, proyectó la nulidad del voluminoso expediente. La medida quedó lista para su firma.

Las razones

El viceministro, actuando como alcalde ad hoc, al revisar el expediente, encontró en su criterio algunas irregularidades que ameritarían la nulidad.

En su criterio, la audiencia de descargos, convocada para el 7 de octubre de 2016, se hizo sin anexar el informe de interventoría o el informe de los supervisores. “De hecho, revisado en su integridad el expediente, no existe el informe de interventoría”, señala el documento.

“La citación se limita a expresar las actuaciones realizadas durante la ejecución del contrato, hace mención al desafortunado acontecimiento ocurrido el 19 de agosto de 2016 y no singulariza de manera clara y expresa las circunstancias que dan origen al incumplimiento del contrato”, precisa el funcionario.

En su criterio, “el informe que sustente la actuación es un requisito ineludible de validez de la actuación, amen de que no podría ser de otra manera, pues lo elemental al emplazar al administrado es informarle de qupe deberá defenderse”.

En el caso puntual-añadió- no se cumplió este presupuesto de validez. “Si bien existe un proceso administrativo sancionatorio contractual respecto de la interventoría, esa circunstancia no habilitaba a la entidad contratante a dejar de lado su obligación de supervisar la ejecución del contrato”.

Por lo tanto, era obligación de la administración adjuntar a la citación el informe de supervisión.

Además indicó que no todo el trámite se desarrolló en las audiencias. Entre otras mencionó que el dictamen pericial realizado por la firma Sísmica y Estructuras, el principal soporte de las irregularidades encontradas, fue incorporado por fuera de la audiencia.

Al percatarse de la anomalía, se profirió un acto administrativo de saneamiento oficioso, señaló Espinosa.

Tampoco se atendieron las peticiones de saneamiento del proceso reclamada por el represenrante del consorcio constructor.

Las citaciones no contemplaban las conscuiencias que podrían derivarse por el incumplimiento, la cuantificación de los perjuicios, hechos que afectan, según el funcionario delegatario, el derecho a la defensa y al debido proceso.


El borrador de la nulidad

La nulidad

Por estos hechos, el funcionario planeaba anunciar este jueves la nulidad total del proceso.m

“Las irregularidades detectadas en la revisión del expediente administrativo permiten concluir, que como se ha planteado, en la actuación administrativa no solo se han infringido normas en que debía fundarse”.

En estas condiciones, estimó que el acto administrativo resultaría inane y estaría viciado por la expedición irregular y desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.

En estas condiciones, el viceministro proyectó la nulidad de toda la actuación, desde la citación a la audiencia de descargos. No obstante, mantuvo la validez de las pruebas debidamente practicadas, entre ellas el informe pericial realizado por la firma Sísmica.

Los tropiezos

Cuando el proceso estaba a punto de fallarse, en mayo pasado el viceministro Espinosa revocó la delegación que le había otorgado al jefe jurídico y asumió directamente la conducción del proceso, supuestamente para darle mayor celeridad.

La meta era revisar el voluminoso expediente, blindarlo de eventuales nulidades y tomar una decisión de fondo en la segunda semana de junio.  El tiempo no le permitió pronunciarse de fondo en ese lapso.

En su opinión, las recusaciones en serie formuladas por los contratistas e interventores no solo dilataron el proceso sino que lo volvió vulnerable.

El propio funcionario tambie fue recusado. El 7 de junio, mientras revisaba el expediente en plenas al son de sanjuaneros, el alcalde ad hoc, fue objeto de una nueva recusación, esta vez por un supuesto prejuzgamiento, derivado de unas declaraciones que concedió al Sistema As.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, resolvió la semana pasada el impedimento. Pero lo hizo, sin tener la competencia, lo que originó otra solicitud de revocatoria, que terminó frenando la nulidad de todo el proceso.

Revocatoria

La audiencia, programada para hoy, donde se anunciaría la nulidad del proceso, fue intempestivamente suspendida.

La decisión fue comunicada anoche luego de una solicitud de revocatoria elevada por el autor de la recusación al viceministro Héctor Olimpo Espinosa.  El abogado le solicitó al ministro del Interior, Guillermo Rivera la revocatoria de la Resolución que resolvió la recusacíon.

En su opinión, ese acto administrativo, estaba viciado de nulidad porque no fue expedido por el funcionario competente.

Estimó que el Ministro del Interior no es el superior jerárquico cuando el Viceministro actúa como alcalde ad hoc y por lo tanto no tenía la competencia para resolver el trámite de la recusación.

“Por lo anterior, el señor Ministro del Interior carecía de competencia para decidir de fondo el procedimiento de recusación presentado en contra del señor alcalde ad hoc”, precisó el documento.

En estas condiciones, el viceministro decidió cancelar la audiencia programada para hoy hasta tanto se resuleva la nueva solicitud.

En criterio del abogado, la recusación tendrá que resolvera el procurador regional Arlid Mauricio Devia. Por ahora, la nulidad proyectada quedará en suspenso.

A esto se suma, la eventual renuncia que presentará hoy el Viceministro,´para no inhabilitarse. El funcionario aspira a la Gobernació de Sucre, su tierra natal. Adicionalmente, en caso de su dimisión, tendrá que designarse un nuevo alcalde ad hoc, antes de 13 días, cuando termina el actual mandato.

Tras el derrumbe parcial de la tribuna occidental que dejó cuatro muertos y diez heridos, el contrato fue suspendido por mutuo acuerdo. La remodelación quedó paralizada desde el 20 de agosto de 2016, un día después de la tragedia y aun se mantiene, mientras las obras ejecutadas, siguen en acelerado deterioro.

Despues de un año y diez meses de haber iniciado el proceso sancionatorio, las medidas siguen a la deriva. Por ahora, se frenó el colapso del voluminoso expediente.


La defensa de los contratistas insistieron en violaciones al debido proceso.
Con información de lanación.com

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San Agustin Noticias

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